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En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 17 de junio un proyecto de ley que autorizaría a las empresas públicas a ejecutar obras de ingeniería civil sin un proyecto de arquitectura. De ser aprobado por el Senado federal, el proyecto de ley PL 4918/2016 (Ley de Responsabilidad del Estado) pasará a la etapa de promulgación presidencial.
De acuerdo con el proyecto de ley, tanto las empresas públicas como las filiales y las sociedades de capital podrán contratar los servicios de construcción basados sólo en los proyectos básicos de ingeniería. La eliminación del proyecto en las licitaciones permitiría que el contratista pueda modificar la obra durante su curso o que incluso pueda justificar un aumento significativo de los costos del proyecto.
"Es un juego de conceptos que oculta el objetivo real: la contratación de obra pública sólo en base al anteproyecto, dejando el camino abierto para la aumento de presupuesto y [posibles] casos de corrupción en los contratos de obras públicas", explicó recientemente Haroldo Pinheiro, presidente del Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Brasil (CAU/BR).
La práctica de la "contratación integrada", o sea, la ejecución de obras públicas sin proyecto data de 1998, cuando el Decreto 2.745/98 fue creado para que Petrobras, la compañía petrolera brasileña, pudiese adoptar el régimen simplificado en sus licitaciones.
A pesar de ser considerado inconstitucional por el Tribunal de Cuentas ("Tribunal de Contas da União"), el modelo fue incorporado a la legislación en 2011 con la promulgación de la Ley 12.462, que creó el Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas (RDC).
Ideada para agilizar las obras destinadas al Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, la práctica se acabó extendiendo a otras obras públicas. Con este proyecto de ley, la "contratación integrada" pasaría, por lo tanto, a ser institucionalizada en todas las esferas del Estado.